Denuncian defraudación en el Colegio de Veterinarios

El médico veterinario Erwin Tuesta Huarnizo, denunció a fines de septiembre a integrantes de la comisión directiva que tenían el mandato vencido, por ejercer la conducción de la institución cuando su gestión ya había finalizado.

La acusación alcanza a otro profesional que asumió la presidencia sin haber surgido de un proceso electoral. Es decir, ambos ejercieron sus funciones cuando la entidad se encontraba “acéfala”.

Los principales denunciados son Jorge del Bosco y Walter Guzmán, quienes administran el colegio. El primero fue presidente desde 2011 a 2015 y luego ingresó Guzmán.

Actualmente “ambos toman injerencias en calidad de máxima autoridad” y según la denuncia esto configuraría “el delito de usurpación de autoridad, títulos y honores, sumado a la superposición de funciones y cargos”.

Según consta en la presentación a la Justicia, la acefalía “abrió un sinfín de irregularidades” que no sólo perjudican a los profesionales, sino “a la población” ya que muchas aristas atraviesan la salud pública.

Su representante legal, Ramón Chávez, confirmó a elchorrillero.com que la denuncia fue radicada en el juzgado del Crimen Nº 1, a cargo de Sebastián Cadelago Filippi.

“Está caratulada como ‘defraudación’ de acuerdo al orden de las irregularidades. Todo lo expuesto se hizo en base a fundamentos, pruebas y una resolución de la dirección Provincial de Personería Jurídica, que resolvió acéfala la situación del colegio”, describió.

Para los denunciantes es indispensable “evidenciar a la comunidad la importancia que posee la institución en torno a la salud ya que controla, fiscaliza y en un gran porcentaje advierte, sobre los peligros potenciales por enfermedades como la triquina, derivados de roedores, brucelosis, entre otros”.

Las anormalidades paso a paso

Bajo el nombre de Veterinarios Autoconvocados de la Región Norte, 21 profesionales percibieron que desde el año 2011 se materializaron hechos que partieron de arbitrariedades a la hora de elegir autoridades y el manejo de los fondos de la institución, y se expandió hacia una serie de irregularidades.

Por esa razón Tuesta Huarnizo envió el 18 de enero de 2016, una nota a Personería Jurídica, en la que solicitó detalles sobre “el estado legal de la asociación”.

“Se ha informado el cambio de autoridades y no se publicaron los edictos que marca la ley”, manifestó textualmente.

La por entonces directora de Personería Jurídica, Liliana Fagés, resolvió convocar a una asamblea ordinaria anual para la presentación de las memorias y balances de ejercicios económicos desde 2011 hasta 2015. “Estos no fueron presentados en tiempo y forma”.

Nota al Colegio de Médicos Veterinarios

En marzo de 2016, la funcionaria determinó que el colegio se encontraba en ejercicio acéfalo. “De constatarse lo denunciado, configuraría una situación gravemente irregular que pone en riesgo la vida de la institución de la cual forman parte”, consideró al respecto. Sin embargo, “no se concretaron elecciones ni intervenciones”.

Según los especialistas consultados y el letrado representante de Tuesta Huarnizo, estas condiciones posicionan a las actividades del colegio en un “estado de ilegalidad”, que abre la puerta a interrogantes a la hora de las obligaciones de la institución.

“¿Las matrículas otorgadas son legales?, ¿un presidente puede dejar su cargo sin presentar balances?, ¿tienen validez los convenios firmados por el Senasa o el ministerio del Campo?”, insisten los profesionales en una carta enviada el 19 de mayo de este año al gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Desde entonces hasta mayo, los especialistas promovieron una serie de presentaciones formales a las distintas autoridades controladoras para que tomaran cartas en el asunto, pero “no tuvieron novedades”.

Incluso en mayo de 2013, según consignaron los veterinarios en una carta enviada al (ahora) ministerio de Campo, Medio Ambiente y Producción, “la dirección de Constitución y Fiscalización de Personerías Jurídicas y Cooperativas, autorizó una asamblea presidida por Jorge del Bosco. Desde la fecha no hemos encontrado en el legajo de la institución ninguna otra asamblea autorizada”.

Nota enviada a Personería Jurídica

“Es nuestra responsabilidad como colegiados denunciar estas situaciones, por lo que acordamos presentar notificaciones, pedidos de intervención; pusimos en conocimiento de la circunstancia al (entonces) ministro de Medio Ambiente Campo y Producción (Cristian Moleker), al gobernador, incluso optamos al simple diálogo, pero nada hizo tomar cartas en el asunto”, contextualizó previo a la cronología de los hechos un profesional.

Para comprender el rol de los colegios profesionales, es necesario una introducción a sus obligaciones. En el caso concreto de los veterinarios, debe ejercer “el control ético de sus colegiados, trabajar por medio de convenios en la prevención de enfermedades, la valorización del honorario profesional, controlar el ejercicio de veterinarios de otras provincias, etc”.

Además tiene por objeto “velar por la salud y el bienestar animal, asegurar la inocuidad de los alimentos junto a la salud social; vigilando el uso de fármacos, autorizando la compra de psicotrópicos o drogas anestésicas reguladas por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), debidamente controladas, para evitar el uso indebido en el narcotráfico y otros delitos”.

Pero para el grupo de 21 veterinarios que solicitaron el pedido de intervención a la entidad, en San Luis no se materializan tales aspectos ya que “se trata de una especie de asociación fantasma, que ejerce sus tareas sin el aval de Personería Jurídica”.

“Personerías Jurídicas determinó el estado de acefalía del colegio, en el legajo 16/1973; con lo cual cada autoridad ‘reconocida’ en realidad está en el aire, y eso abre una brecha de irregularidades”, sostuvieron los colegas.

Otro de los problemas es la autorización del uso de psicotrópicos o anestésicos como la ketamina, una sustancia elaborada para el uso exclusivo en cirugías.

"Es nuestra obligación evitar el uso indebido como en el narcotráfico y otros delitos", aseguraron los veterinarios al respecto, en una carta enviada al ministerio del Campo.

Problemas administrativos: la puerta al conflicto

Según pudo constatar este medio mediante el acceso a la denuncia penal, en el año 2011 asumió la presidencia del colegio, Jorge del Bosco, quien “no presentó los balances 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”.

El médico veterinario Isidro Ortega, elaboró informes destinados a las entidades regulatorias, y en ellos consignó que el 4 de enero de 2016, el Colegio Médico Veterinario informó vía mail la asunción del nuevo presidente, Walter Guzmán, “sin haber convocado a elecciones y sin el visto bueno de Personería Jurídica”.

Según puntualizó otra fuente, “se pasaron el mando sin respetar el estatuto que prevé elecciones y la presentación de padrones”. “Hicieron todo bajo una reunión con personas de capital (San Luis) y nos enteramos posteriormente”, aseguró.

Esta irregularidad que luego devino en otras problemáticas, fue advertida por veterinarios de la región norte comprendida por las localidades de Naschel, Tilisarao, Carpintería, Villa de Merlo, Santa Rosa del Conlara y Candelaria; pero aseguran que un total de 50 especialistas de La Toma, Quines, Villa Mercedes y San Luis, concuerdan con los reclamos.

“Fue todo arbitrario, sumamente ilegal, más allá de una opinión nuestra obligación es denunciarlo. En una oportunidad hubo posibilidad de elecciones, pero como los votos se deben enviar a los domicilios de los colegiados, se excusaron en que, por un lado no tenían la dirección de todos los matriculados y por otra parte que el envío tenía un costo elevado.

Después obviaron los padrones y así se dieron un montón de falencias que cancelaron los comicios”, describió la fuente.

En la denuncia patrocinada por Chávez se expuso: “¿No deberían haber alertado los responsables del tribunal de ética sobre la cantidad de irregularidades?, ¿por qué nunca hemos visto ningún tipo de carta o documento que haga referencia a las mismas? Si existen necesitamos leerlas con sus respectivas fechas de entrega y firmas de recibido o constancia de recepción por parte del colegio”.
Por otra parte agregó: “Existe un presidente para los matriculados, reuniones y entrevistas periodísticas que es Walter Guzmán, y otro para la firma de documentos presentados en personería que es Jorge del Bosco. ¿Quién es el presidente?. ¿Funciona el tribunal de ética?, Si así fuera ¿con qué legitimidad? ¿Pueden formar una lista y a la vez manejar las elecciones?”.
Este tipo de organismos firman convenios con entidades como el Senasa, el Cosafi (Organismo de Certificación de Productos Agrícolas), el ministerio de Campo, y colegios de otras provincias. Se encarga de las certificaciones de matrículas, regula la venta de psicotrópicos, etc.

Pero los veterinarios autoconvocados entienden que ante las falencias, “ninguna acción tiene validez jurídica y abre las puertas a varios delitos que van desde la malversación de fondos hasta la falta de control en la venta de medicamentos”.

“Para entender lo que sucede, cuando Jorge del Bosco dejó su gestión, en caja había $2000, mientras que actualmente hay un monto de $260 mil. ¿En qué destino de mayor trascendencia se utiliza ese dinero? No lo sabemos, pues nadie audita las memorias y balances presentados”, aseguraron.

La salud pública y las injerencias del colegio

La función de la entidad y su influencia sobre la salud pública, es la de “colaborar elaborando dictámenes con facultad de ley con el organismo oficial de vigilancia y aplicación de normas nacionales, internacionales provinciales y municipales, con las enfermedades zoonóticas”.

El especialista posee el control sobre el tratamiento y suministro de hormonas, anticonvulsionantes, anticancerígenos, tranquilizantes y psicotrópicos como la ketamina.

El veterinario Gustavo Marticorena, explicó en comunicación con este medio que la adquisición de este fármaco “es una facultad exclusiva de intervenciones quirúrgicas”, no pueden comprarlo personas ajenas a la profesión.

La comercialización dispone un tope de raciones y su utilización debe ser justificada por medio de una historia clínica. El colegio da su autorización y eleva al mismo tiempo un registro de ello al Senasa. Pero para los veterinarios autoconvocados “el control no existe, porque las autoridades son ilegales”.

Según consta en una carta enviada al gobernador, “por ley federal el colegio es la institución encargada de regular la comercialización de psicotrópicos. En nuestra provincia no existen tales controles, sólo la firma y venta de un recetario (formulario) avalado por el colegio para la compra, de acuerdo con las disposiciones del Senasa (trazabilidad)”.

“Es nuestra obligación evitar el uso indebido como el narcotráfico y todo tipo de hechos delictivos”, añadió.

También hay otros detalles que no son de exclusiva responsabilidad del colegio, como “la colocación de vacunas vencidas o la prevención de enfermedades”, pero que “está ligado”.

Distintas fuentes sostuvieron que se han “vacunado animales con dosis vencidas”, con lo cual, se perjudicó a la sociedad que luego consumió los productos.
“Hay múltiples vacunas para distintas enfermedades y especies, las cuales son veladas por el Senasa que asigna el control de calidad, pero es el veterinario el único autorizado para su colocación. Sin embargo eso no sucede, ya que muchos vacunan a sus animales sin ser profesionales, no hay garantía de su administración”, consignó una fuente.

“De los famosos vacunadores que manejan los centros ganaderos algunos son veterinarios, otros no. Yo estoy seguro de que un colega la va a colocar correctamente, pero no puedo decir lo mismo de un técnico. ¿Quién tiene la obligación de hacer cumplir esto? el colegio, pero no lo hace”, remarcó.

A su vez, los veterinarios afirman que la institución debe tomar medidas cuando se registran enfermedades en otras provincias, que pueden llegar a afectar la salud de los animales (y a través de ellos, de la sociedad).

La carta enviada al gobernador certifica que “en Córdoba existen casos confirmados (positivos) de rabia (enfermedad zoonótica letal) en bovinos y caninos”.

“Nuestro colegio no ha tomado ninguna medida, ni siquiera se ha ocupado de informar en forma fehaciente a los matriculados. Es una obligación y hoy una emergencia del colegio atender la salud pública”, aseveró.

La notificación al Gobierno de San Luis

Los veterinarios autoconvocados manifestaron que “siempre bregaron por el diálogo, agotando todas las instancias”. Previo a la denuncia penal, enviaron una nota al ministro de Medio Ambiente Campo y Producción y al propio gobernador, firmada por los veterinarios Isidro Ortega y Erwin Tuesta Huarnizo.

En ambos casos se presentó y describió cada irregularidad y los reclamos que se formularon a Personería Jurídica que depende del ministerio de Gobierno, Justicia y Culto.

Los documentos destacan el ejercicio y plantean cuestiones clave a la hora de interpretar las anomalías de la institución y los peligros que conlleva, haciendo hincapié en la emergencia del tratamiento de la salud y de reorganizar la entidad, pero “no hubo novedades ni se procedió a su normalización”.

Nota al Gobernador

Cómo sigue el caso

Según consignó Chávez, a raíz del incumplimiento de las normas legales para mantener la personería y su desempeño acéfalo, la denuncia busca “que se investigue la comisión del delito”.

“En la demanda no decimos cuál es la falta, sino que exponemos las irregularidades, pero el juzgado lo caratuló como defraudación”, informó.
“Ahora está en tratamiento, está en la fase del fiscal que verá qué medidas sugiere que se pueden llegar a tomar”, agregó.

Por otro lado insiste en demostrar a la comunidad “la preponderancia que tiene el Colegio Médico Veterinario en la salud pública. “Necesitamos que esté regularizado”, completó.

Lo último

Este sábado se realizará una asamblea en la que se someterán a aprobación los balances de los últimos seis años y se elegirá una nueva comisión directiva.

Historial del caso